Hay que limpiar de corrupción el sistema de justicia
y retirar cédulas a jueces y abogados que no protejan a la ciudadanía sino a la delincuencia
Raúl O. Morales
El desabasto de la gasolina en Mexico, en este momento, no es una decisión del gobierno basada en sus puntos de vista, sino una acción urgente para evitar un robo escandaloso a la nación, proteger la propiedad de recursos estratégicos con urgencia e impedir ilícitos en contra de la economía nacional, males que ocasionan daños extremadamente severos a la economía del país.
Un juez no puede ordenar un abasto de gasolina fuera de las posibilidades reales, ni ordenar la lluvia, ni ordenar la fertilidad de la tierra, ni ordenar que mañana termine el hambre. Pero un juez que pretende obligar a realizar un abasto permitiendo el robo a la nación es un juez al que se le debería retirar la cédula de abogado inmediatamente y ser cesado como tal.
En países como Canadá hay una legislación muy interesante y puntual, en la que si hay un indicio que el abogado o juez protege a la delincuencia o realiza un ilícito, pierde su condición de abogado de una manera automática y relativamente expedita. Por ese motivo, en ese país, los abogados son extremadamente cuidadosos y puntuales de no mentir, y se esmeran en no encubrir, no prestarse a proteger delincuentes y funcionan de una manera más íntegra y leal con la sociedad. Cualquier conducta ilegítima sería es motivo para perder su cédula profesional y son comunes los casos en que esto ha funcionando. Por esto su sistema de justicia tiene la confianza de la sociedad y funciona mucho mejor que en México.
En México urgen leyes parecidas para responsabilizar a los miembros del sistema judicial y abogados que protejan a quienes realizan delitos contra la nación, o quienes se presten a proteger a la delincuencia en lugar de promover la justicia para la ciudadanía.
Es un sinsentido tener abogados y jueces que legitiman la delincuencia y violan la ley. Un país funcional necesita un poder judicial que defienda el estado de de derecho, que defienda las leyes y proteja equitativamente a los ciudadanos y no debe que protejan y solapen a la delincuencia. De hecho, jueces y abogados que actúan de manera deshonesta no cometen solamente faltas graves contra el país sino que violan convenios internacionales de justicia.
Debe haber un alto a la complicidad e impunidad de un sistema judicial tan corrupto como el de México. El sistema de justicia ha sido por décadas el brazo legitimador de la corrupción escandalosa que sumió al país en la pobreza y en el descrédito internacional.