UN ASUNTO PUBLICO EN DONDE DEBERA DEFINIRSE JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL
DESPENALIZACION O LEGALIZACION
Por José Jiménez
Se ha coloca como un asunto público en el que han sido convocados a reflexionar y ofrecer su opinión tanto políticos como funcionarios, activistas, juristas, médicos, historiadores, antropólogos y escritores, principalmente, en torno a que si la mariguana se debe legalizar, despenalizar, regular, liberar, delimitar o prohibir parcial o totalmente.
En una primera coincidencia se señala que más por orientaciones prohibicionistas y de persecución, principalmente a los consumidores, se debe abordar como un asunto publico de salud y de seguridad. Si se aborda desde la perspectiva de la salud la pregunta principal es si verdaderamente causa o no daños a la salud y si se aborda desde la perspectiva de la seguridad pública se pregunta si es factor causante y determinante de delincuencia.
La discusión se abrió y logro colocarse en los planos nacional e internacional, con la coincidencia de que también se discute al sur del continente, en donde Uruguay decide avanzar en la orientación de legalizarla, sin embargo al paso de los días fue desplazado el tema de la atención principal.
Efectivamente, este es un asunto que se tomo después como de cortina de humo, es un asunto de distracción y se ha dicho de salud pública, es un asunto que llama la atención de todos pero en el que no hay un completo acuerdo.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dice que el debate va y quien tenga a opinión, que aportar, incluidos los integrantes del gabinete de gobierno, lo hagan y lo expresen en el debate. Agrego, el marco de esa discusión en que si se tiene que tomar una decisión en contra o a favor, se tiene que hacer de manera informada y con argumentos. El hecho de tratar este asunto ya tiene un punto a su favor, el haber abierto el debate a nivel nacional.
Nadie se ha pronunciado en contra al señalarse que el debate deberá ser con información, sin dogmas y abierto.
Se ha preguntado también de que si se trata de legalizar el consumo o el trafico, de despenalizar el consumo, de tomarlo como asunto de seguridad publica o de salud publica, de penalizar su uso o de normar las partes obscuras de una realidad que existe se quiera o no, ya que con o sin restricciones existen consumidores. En medios ha trascendido que la posición oficialista es la no legalización sin embargo ir en la ruta de despenalizar el consumo y no al vendedor.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, hace el señalamiento que es un tema de índole federal y que se tienen que ver las políticas internacionales.
Con todo, el hecho es que el asunto del consumo de la mariguana rebaza limites y demanda a la sociedad por el consumo y su comercialización obscura un nuevo marco para su consideración.
Desde una perspectiva de salud, por quienes han estudiado este tema, se señala que su consumo si reduce las facultades intelectuales y cognoscitivas, así como altera los sentidos y la ubicación de espacio y tiempo.
En informes y estudios de la ONU señalan que en el mundo hay 180.6 millones de consumidores de mariguana que representa el 3.9% de la población entre 15 y 64 años.
Efectos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los efectos del consumo de mariguana son reconocidos por muchos años, en estudios publicados en su pagina electrónica dice “la cannabis afecta el desarrollo cognitivo (capacidad de aprendizaje), incluye los procesos asociativos, y el recuerdo libre de elementos aprendidos a menudo se altera cuando se utiliza cannabinoide durante periodos de recuerdo y aprendizaje”, se afectan también el funcionamiento sicomotor en una amplia variedad de tareas como la coordinación motora, la atención dividida y las tareas operativas.
Se señala también que e seis veces más cancerígena que el tabaco, puede quitar un padecimiento pero produce otros, si genera daño a la salud. Si se toma solo como uso recreativo la competencia debe tomarse en el ámbito local.
“Ahora bien, expresa el estudioso John Rawls (1995, p: 18), digamos que una sociedad está bien ordenada no sólo cuando fue organizada para promover el bien de sus miembros, sino cuando también está eficazmente regulada por una concepción pública de la justicia. Esto quiere decir que se trata de una sociedad en la que: 1) cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente estos principios y se sabe generalmente que lo hacen.”
En base a lo anterior se requiere un acuerdo social que resuelva y de respuesta tanto por el lado de la justicia como por el de bienestar social.