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Ley de acceso a la información: Dilma Rousseff pone fin a la cultura de confidencialidad oficial en Brasil
Ahora las instituciones del Estado están obligadas a ofrecer cualquier información solicitada por un brasileño Brasilia, mayo 18 – El miércoles la presidenta Dilma Rousseff firmó el decreto que reglamenta la Ley de Acceso a la Información, que obliga a las instituciones del Estado a ofrecer cualquier información solicitada por un brasileño. Rousseff, que impulsó el texto, afirmó que la norma servirá para los datos vinculados a violaciones de los derechos humanos no vuelvan a ser declarados como reservados o secretos. «Las dos iniciativas son fruto del largo proceso de construcción de la democracia de tres décadas», consideró. En menos de un día que lleva en vigencia, los brasileños ya enviaron cientos de solicitudes amparándose en la nueva ley que busca reforzar la capacidad para desafiar la reconocida falta de transparencia de los estamentos gubernamentales. El régimen militar creó en Brasil una cultura de confidencialidad y una burocracia que mantiene un férreo control sobre la información del Estado. Muchos funcionarios se valen de eso para cometer actos de corrupción. La primera institución en adecuar su funcionamiento a la norma fue el Banco Central de Brasil. Este jueves informó que divulgarán los votos de cada uno de los directores del Comité de Política Monetaria (Copom) y del presidente del organismo en la definición de la tasa básica de interés Selic de la economía brasileña. Nunca antes en las 166 reuniones que realizó el Copom en toda su historia se había dado a conocer la forma en que votó cada uno de los directivos. Hasta ahora, sólo era conocido el resultado de la votación sin mencionar a quiénes correspondían los votos y una breve declaración del Comité, y una semana después el acta de la reunión detallaba el análisis y los argumentos de cada decisión. Los expertos celebraron la normativa pero advirtieron que tomará un tiempo cambiar actitudes no sólo en el Gobierno sino también en la ciudadanía, puesto que la mayoría de los brasileños no está familiarizada con el concepto del libre acceso a la información pública.