Organizaciones guerrerenses exigen libertad de presos políticos y dan apoyo al FPDT
Difusión Cencos México D.F., 23 de octubre de 2009
Pronunciamiento
OSC de Guerrero
¡Libertad y justicia para los presos políticos!
Los pueblos indígenas y campesinos de México, compartimos una historia de ignominia y en lugar de que nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras formas de vida comunitaria y nuestros valores relacionados con una democracia participativa fueran incorporados al patrimonio nacional y de la misma humanidad, los gobiernos se han casado con el libre mercado para prostituir nuestras civilizaciones mesoamericanas. Como pueblos indígenas y campesinos nunca nos hemos propuesto destruir otras culturas o hacerle la guerra a otros pueblos, tampoco nos obsesionamos por conquistarlos e imponerles otros nombres y otros gobiernos, no tenemos el mínimo interés de convertir a nuestras creencias a otras poblaciones ni montarnos en el poder para lucrar con la riqueza de todos.
Esta actitud respetuosa hacia los otros, la sociedad dominante y sus gobiernos criollos la han entendido como ingenuidad, debilidad y falta de raciocinio. Nos catalogan como menores de edad y siguen queriéndonos transar nuestro oro por espejitos, utilizando las leyes del dominador para someternos, coptarnos y hacernos sentir privilegiados de los gobiernos despóticos y caciquiles. Nuestra memoria colectiva, es el resplandor que sigue dándonos luces para no claudicar y no perder el camino de la dignidad y de nuestra identidad como pueblos diferenciados portadores de una gran civilización.
Hoy nos hemos visto obligados a recuperar nuestra palabra para colocarla en las plazas públicas y no nos hemos conformado únicamente con circular por las calles como seres sumisos, resignados a cargar con nuestras miserias. Ante los espacios cerrados y la falta de canales de diálogo, las calles son ahora nuestros espacios para expresarnos como pueblos, como sujetos con derecho, para reclamar a los gobiernos esa actitud insolente, soberbia y llena de desprecio y obligarlos a que cumplan con sus responsabilidades constitucionales y compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos.
Tenemos que levantar más la voz para decir que la protesta social, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y es el que nos permite ejercer nuestras libertades y los demás derechos fundamentales. Denunciar que las leyes son injustas para el pueblo empobrecido y que la forma de atender las demandas de la sociedad está conjugada con una guerra de baja intensidad que busca el control político de los pueblos para hacer invisible la impunidad y la corrupción de un sistema que quiere arrancar la esperanza de un nuevo modo de vivir en el sueño de la justicia.
El gobierno, al judicializar los conflictos y llevarlos a una lucha legal, le apuesta a un pleito largo y desgastante con los pueblos y prefiere dejar en las agencias de los ministerios públicos y los Juzgados un problema que tiene un origen social; el nuevo gobierno prefiere tener a los luchadores sociales en las cárceles porque le apuesta a la desmovilización y fragmentación de los pueblos pensando en que puede también encerrar los deseos de justicia y los sueños de libertad.
Las estadísticas de la represión nos hablan de un gobierno poco dialogante, autoritario e incapaz de dar respuestas a las demandas sociales. Lo policíaco ha suplantado a la política y las cárceles se han transformado en los nuevos recintos de la negociación política a través de un proceso penal.
Las 215 acciones penales contra luchadores sociales, la tortura, desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; el asesinato de líderes políticos y de periodistas, así como la militarización de la vida pública nos muestra un escenario adverso que nos anuncia un ambiente de confrontación política donde las autoridades hacen el triste papel de resguardar los intereses del gran capital, matando y encarcelando a los que trabajan por la justicia para todos.
En este ambiente de injusticia y de esperanza recibimos y saludamos a nuestros hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que es un movimiento legítimo y emblemático en el país. Ilustra la resistencia y la organización de los pueblos ante los intereses aviesos del capitalismo por privatizar los recursos naturales.
El gobierno panista, lacayo de las empresas trasnacionales, consideró una osadía la resistencia del pueblo de San Salvador Atenco y decidió utilizar los aparatos de seguridad para reprimir y avasallar a los campesinos organizados e intentar callarlos al encerrarlos en una cárcel.
El 4 de mayo del año 2006, fue un escenario de guerra preventiva donde el Estado inició una escalada represiva contra la sociedad civil organizada que a la fecha no ha cesado. El objetivo es desmantelar la organización social e infundir terror y miedo. En los acontecimientos violentos contra los campesinos de San Salvador, el Estado vulneró todos los derechos y libertades individuales, pisoteando la constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ejecutó, violó sexualmente a mujeres, encarceló injustamente a decenas de campesinos del FPDT, 12 de ellos a la fecha permanecen privados injustamente de su libertad. Se les han impuesto condenas que no se ajustan a la legalidad, como si se tratase de delincuentes de alta peligrosidad. Mientras que con la delincuencia organizada ha sido condescendiente y le ha permitido operar con toda impunidad.
La represión a los hermanos de San Salvador Atenco, fueron las señales funestas que anunciaban represión y muerte en contra de los que luchan y se organizan. A estos actos ilegales y represivos le siguió los acontecimientos en contra de la Asamblea Popolar de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El mismo patrón represivo tuvo lugar. Se cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos, con un saldo de 12 muertos y 200 heridos y decenas de detenidos.
Compartimos una historia de lucha y de represión. Hemos sido objeto de la persecución del Estado por defender a los que menos tienen. Al igual que los compañeros de San Salvador Atenco, en Guerrero se no ha reprimido, perseguido, encarcelado y asesinado. Decenas de compañeros de la CETEG han sido judicializados por luchar contra la privatización de la educación; los campesinos organizados de la Renacid han sido objeto del hostigamiento, represión y tortura por parte del Ejército mexicano; los integrantes del FPR cuyos dirigentes han sido encarcelados y hasta la fecha se encuentran procesados por luchar por mejores condiciones de vida para los que menos tienen. Tenemos decenas de presos políticos, cuyo único delito ha sido luchar por la justicia y por los derechos humanos. El caso de Raúl Hernández Abundio, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional es ejemplo de ello. Su pobreza y lucha por su pueblo, a los ojos del Estado representa un peligro y por ello decidió fabricar un expediente, para mantenerlo en prisión.
El estado y los dueños del capital en su afán de apropiarse de nuestros recursos naturales han ocupado nuestros territorios, pasando por encima de la Ley. Los casos de la Parota y de Carrizalillo son una muestra de despojo a los pueblos.
Es fundamental que los pueblos, prescindamos de los partidos políticos y unifiquemos la lucha, para frenar los intereses del capital, que intenta pisotearnos y despojarnos. El estado se ha puesto a su servicio y le ha abierto las puertas para que libremente pueda lucrar, mediante la creación de leyes y reformas a la constitución. La cámara de diputados traicionando a sus representados ha decidido impunemente aumentar los impuestos, que sangran más nuestra economía familiar, contribuyendo con ello aumentar las estadísticas de la pobreza y exclusión, mientras que una clase privilegiada se enriquece cada día más.
Por ellos desde esta Montaña, las organizaciones abajo firmantes exigimos:
– La libertad inmediata e incondicional de los 12 presos políticos de Atenco.
– Que cese la judicialización a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
– Alto a las ejecuciones extrajudiciales contra líderes indígenas, políticos y periodistas.
– Que se ubique y se sancione a los responsables de las ejecuciones contra líderes sociales a fin de que sus casos no queden en la impunidad.
– Libertad inmediata de Raúl Hernández Abundio y de todos los presos políticos del estado de Guerrero y del país.
Organizaciones firmantes:
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG)
Frente Popular Revolucionario (FPR)
Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia (RENACID)
Escuela Normal Regional de la Montaña
Mesa de Resistencia Civil
Organización Vicente Guerrero
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Unión de Campesinos e Indígenas de la Montaña (UCIM)
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
Visite también:
Videos de Aviso Urgente! TV
Redvista cultural «La Guirnalda Polar»