REFORMA O CONTRAREFORMA EN EDUCACION, por José Jiménez

REFORMA O CONTRAREFORMA EN EDUCACION
Por José Jiménez

Hoy por hoy, en una inercia que nos va ganando, la educación y el empleo son los temas nacionales prioritarios. Una determinación inmediata es que se da curso a la reforma “contra” laboral y luego se pasa a una “contra” reforma educativa caracterizada como “discriminatoria, racista y clasista”.

Se muestra a más que estas dos en todo son partes integrantes de un proyecto, del proyecto que se expresa en la agenda “Pacto por México”, que en un juego de tres participantes, en donde ninguno se saldrá, dos le piden a un tercero en el poder actúe en contra de su naturaleza de trampas.

Por ser de importancia y síntesis presentamos algunos de los puntos del documento del Relator Nacional, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que se hicieron públicos en la Ciudad de México el 12 de julio del 2013 en el Foro nacional “Análisis y perspectivas de la reforma educativa”.

“De acuerdo con lo convenido por la representación del Gobierno Federal y la CNTE, los resultados de (once) foros, recopilados y ordenados por relatores locales y uno nacional, se plasmarían en un documento que la Secretaría de Gobernación entregará “a las instancias legales correspondientes para su procesamiento”.

En la síntesis se señala: “Es una reforma antidemocrática por donde se le vea.
La llamada reforma educativa se caracteriza por su total antidemocracia, tanto en el
procedimiento para elaborarla e imponerla como en su contenido. Surgió de los intereses de los empresarios y se impuso por medios extralegales, como el llamado Pacto por México; en su iniciativa, su gestión, su orientación y definición no participaron los principales actores involucrados: los maestros, padres de familia, organizaciones sociales.

Atendiendo a los intereses políticos del nuevo gobierno priista, no tomó en cuenta
los tiempos legislativos necesarios ni la opinión de la sociedad. En su precipitación,
generó aberraciones constitucionales. Surgió al margen de la consulta, de los tiempos y
formas que marca la constitución para definir el plan de gobierno.

La llamada reforma educativa no surgió de la sociedad; es una contrarreforma educativa
exógena, que corresponde a directivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, impuesta de manera no democrática por un
acuerdo cupular carente de representación –Pacto por México-y sin discusión parlamentaria.

“Esta reforma tampoco surge de la cámara de diputados, es obra de los poderes
fácticos de este país y en el proceso de aprobación los diputados se sometieron a esos poderes fácticos. Este Pacto fue una especie de plan de desarrollo anticipado, elaborado y negociado de manera cupular.

Reforma Educativa al no ser consultada carece del necesario respaldo de los actores
de la educación nacional.

Se precisa también que: “Es una reforma de pésima calidad que dice buscar la calidad.
En contra del más elemental principio de administración moderna, responsable, la reforma no partió de un diagnóstico elaborado por quienes están facultados para la realización de esta trascendental y compleja función —la educación— ni por especialistas en la materia; diagnóstico indispensable para sentar las bases que permitirían mejorar el sistema educativo. Este vacío se llenó con las opiniones y dictados de organismos empresariales (como Mexicanos Primero) e internacionales, como la OCDE. Ausentes la indispensable motivación y justificación suficientes, la reforma nada dice sobre la situación educativa del país, el pavoroso rezago educativo que afecta a más de la tercer parte de la población, ni de la inequidad educativa.

“Más de dos quintas partes de las escuelas son multimodales, con todos los grados en un solo salón, sin servicios, ni agua, ni infraestructura; con niños que llegan a la escuela sin haber probado un bocado. El maestro tiene que partir de esta realidad, sin que se le proporcionen los elementos para hacerlo. Esta es la realidad educativa, es una realidad injusta. La reforma ignora esta dramática realidad.

“En todos los foros se señaló que esta reforma plantea un marco homogéneo para una realidad compleja y diversa. Rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo tercero constitucional, está destinada a generar resistencias y desobediencia civil en defensa de la educación pública. Máxime, cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa, dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros.

Se señala también que es: “Una reforma privatizadora. Mediante el planteamiento de la llamada autonomía de las escuelas, el estado abandona su responsabilidad de resolver las necesidades materiales de la educación pública, cargando en los padres de familia la responsabilidad del financiamiento y funcionamiento de las escuelas; en contradicción, al promover los exámenes nacionales estandarizados, se promueve un control administrativo que condiciona las prácticas de enseñanza.

La privatización es un punto central. La autonomía escolar da curso por ejemplo
para cuotas escolares onerosas, patrocinadores oficiosos, financiamientos espurios, escuelas con fondos públicos administrados por la iniciativa privada. La filosofía empresarial entra con la competencia, con el darwinismo social, versus la solidaridad y la ayuda mutua. Un modelo educativo que es una copia de las reglas del mercado y está basado en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. En rigor, la “responsabilidad” de la educación es contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado.”

Se dice es: “Una reforma en contra de los maestros. La reforma se apoyó en una feroz campaña en contra de los maestros y la educación pública, orquestada por grupos patronales disfrazados de sociedad civil, copiando la estrategia seguida por la derecha norteamericana en contra de la educación pública de ese país. Se han gastado millones de pesos en esa campaña en contra de los maestros.

“Es un retroceso a las conquistas laborales de muchas generaciones, busca meter a
los maestros en un régimen de excepción y pretende controlar el movimiento magisterial; es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en cuanto a las garantías de estabilidad, derechos a la contratación colectiva, así como
violatoria de convenios internacionales de protección al trabajo. Su aceptación representaría la muerte del sindicalismo y del normalismo.”

“Pronunciamientos y demandas en torno a la reforma educativa.
Se presenta una relación de las demandas y los pronunciamientos en torno a la reforma
educativa expresados con más insistencia en los foros.

1. Deben abrogarse/derogarse las reformas a los artículos 3º y 73 constitucionales. En consecuencia, debe suspenderse toda medida vinculada con la llamada reforma educativa.
2. A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate nacional y popular
sobre el tema educativo.
3. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias, este fue uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CNTE, sin embargo
no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de éstas, hasta
convocar y procesar la consulta nacional donde será el pueblo quien defina el destino
de estas leyes.
4. Debe realizarse una consulta formal, sistemática acerca de los retos de la educación
pública que concluya en un Congreso Educativo Nacional.
5. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del
proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes
de la educación.
6. Es necesaria una educación humanista, contextualizada que responda a las características y problemas de la diversidad nacional, una educación basada en la memoria histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución.
7. El magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que
se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de
formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos.
8. En todos los foros, se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice
la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas
comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver
sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural.
9. Se demanda una educación pública laica y gratuita garantizada por el financiamiento
íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas “voluntarias” en las escuelas y que se deroguen los cambios constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas y trasladan la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El estado debe asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares; no a la autogestión financiera de las escuelas.
10. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa que rescaten saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca y afiance los derechos humanos, una educación impregnada de dominio disciplinar, ético y solidario para formar ciudadanos analíticos, reflexivos y transformen su realidad y la del país.
11. Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento y que parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad.
12. Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que para ser maestro
se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, explicar ampliamente, entender
las dificultades de cada estudiante, analizar problemas, descubrir el mundo y eso no
se mide con pruebas de opción múltiple.
13. Se demanda una evaluación cualitativamente distinta, situada en los problemas reales, horizontal y de abajo hacia arriba, no estandarizada.
14. Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una evaluación incluyente y no punitiva; una evaluación que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas; una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes. Una evaluación dinámica,
con sentido ético contextualizada a cada región del estado y del país, no vengativa, ni
amenazante.
15. Debe ser eliminada la prueba ENLACE y cualquier otro tipo de exámenes estandarizados. Asimismo, se exige que se suspenda la aplicación de la punitiva Evaluación Docente Universal y la Carrera Magisterial.
16. Se exige un programa serio para las escuelas normales, con los suficientes recursos presupuestales, de infraestructura, de mantenimiento, y para una planta docente suficiente y actualizada seriamente. Se demanda, nuevamente, que el estado asuma su compromiso de otorgar plaza a todos los egresados de las escuelas normales públicas del país.
17. Se exige el reconocimiento de la evaluación como un proceso diagnóstico, crítico,
dinámico, cualitativo, propositivo, colectivo, contextual y complejo donde influyen
diferentes factores y actores de la educación. Por estas razones se rechaza la medición
estandarizada, mecanicista, discriminatoria y excluyente que promueve esta
contrarreforma.

“Demandas y pronunciamientos políticos y laborales:
• Se demanda un salario digno y la garantía del empleo; ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva; por tanto, se exige un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales.
• Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las
escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por
una institución formadora reconocida oficialmente, cuentan con el perfil formativo
y el derecho a ser contratados.
• Luchar por la democratización del SNTE, exigir la realización de los congresos seccionales y el respeto a la votación universal directa y secreta.”

Esta entrada fue publicada en Aviso Urgente!. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *