PROCURADURIA SOCIAL: RESPONDER CON ACCIONES A RETOS
Por José Jiménez
La Procuraduría Social (PROSOC) creada hace 22 años ha puesto su atención a la población que vive en unidades habitacionales, requiriendo que amplié su marco de actuación ante otras problemáticas de la ciudad como el acceso al agua, los cobros excesivos en servicios como la electricidad, de desarrollo social, urbano y económico en el que sobresale la educación y el empleo, tiene como tarea principal el ser una Defensoría Social de orden público e interés para la ciudadanía cuyo sentido de actuación sea difundir conciencia, organización y exigibilidad, asumiendo el reto de llevar adelante cambios dentro de la Administración Pública del Distrito Federal (DF) que permitan consolidar un Gobierno al servicio de la sociedad para que todas y todos los capitalinos vivan con derechos vigentes y justiciables.
Asimismo, tiene como principios rectores de conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, constituirse como un organismo accesible a los particulares para defensa de sus derechos ciudadanos y de aquellos relacionados con las funciones públicas y prestaciones de servicios a cargo de la Administración Pública del Distrito Federal.
Además posee facultades para defender los derechos sociales de los habitantes del DF, de promover una cultura de exigibilidad y de difundir los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los habitantes de la Ciudad de México.
Además la Procuraduría Social se encuentra constituida como la autoridad en materia condominal cuyas atribuciones consisten en vigilar el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el DF y promover la organización condominal.
Sobre la base de que la PROSOC es la instancia donde los ciudadanos pueden acudir en caso de violación a sus derechos relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública del DF, que vulneren sus derechos sociales, pone a disposición de la ciudadanía los instrumentos de exigibilidad para la presentación de sus quejas y reclamaciones ante acciones u omisiones del Gobierno de la Ciudad, que vulneren sus derechos, para fomentar un mayor acceso de la ciudadanía a las instancias democráticas de gestión y queja.
Si bien, la exigibilidad jurídica o justiciabilidad implica la defensa de los derechos ante instancias jurisdiccionales (tribunales) que pueden ser locales, nacionales o internacionales, también existen mecanismos no jurisdiccionales para la solución de conflictos, la defensa de los derechos sociales y el impulso de la justiciabilidad, a través de estos se puede conseguir la reparación al daño producido, si lo hubiere. Ello demuestra que hay otras formas de conducir la exigencia del respeto a los derechos humanos y no sólo las circunscritas a los juzgados.
Otro de los mecanismos de solución de los conflictos, es la conciliación entre el ciudadano y la autoridad administrativa, proceso en el cual, derivado de la audiencia correspondiente, es posible establecer un convenio que fije los compromisos de la autoridad para restablecer el derecho eventualmente afectado a los ciudadanos.
En la descripción de un contexto general en el que se reconoce que en las dos últimas décadas, la zona metropolitana del Valle de México ha crecido de manera dispersa y atomizada, en particular en el Distrito Federal, con lo que grandes extensiones están desarticuladas y carentes de servicios con un equipamiento donde las familias viven aisladas en condiciones precarias y de inseguridad, sobre todo para niñas, niños, mujeres, personas de tercera edad y personas discapacitadas.
Esta dinámica refleja las tendencias territoriales de la perdida de vocación habitacional de las zonas con suelo urbanizado y la densificación de áreas sin infraestructura y equipamiento, es decir, en el entorno metropolitano de se construye sobre superficies anteriormente destinadas a la agricultura, estableciendo una estructura urbana donde los nuevos conjuntos habitacionales padecen la falta de infraestructura vial y de servicios.
El crecimiento desordenado de la infraestructura urbana implica el trazo de la red de comunicaciones, lo que dificulta la conexión entre las áreas centrales con las de la periferia e incrementa las distancias y los tiempos de transportación.
A partir de los años 80 las delegaciones centrales (Benito Juárez, Cuauhtemoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) experimentaron un desplazamiento de uso habitacional como consecuencia de un fenómeno de sobre especialización en el uso del suelo, el cual hace evidente el claro dominio del uso comercial y de servicios sobre el resto de usos de suelo. Las delegaciones centrales perdieron cerca de 15 000 viviendas durante el periodo 1990-1995.
La PROSOC se propone como tareas principales el atender las quejas administrativas relacionadas con los servicios públicos, defender los derecho sociales de los habitantes, promover una cultura de exigibilidad, atender a la población en las unidades habitacionales contribuyendo a revertir el deterioro físico y social, con decisiones colectivas acciones enfocadas a la mujer, a la sensibilización para ejercer derechos, buscando la concialización y la formación de una cultura condominal.
Con un presupuesto acotado, para el 2012 se propone a través del Programa para Unidades Habitacionales de Interés Social Ollín Callan dar recursos económicos a 500 unidades habitacionales para el mantenimiento y rehabilitación de sus áreas comunes, dar asesoría para el conocimiento de la ley, la difusión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, promover el autoempleo capacitando en jardinería y horticultura a mujeres y el levantar las quejas ciudadanas en materia de servicios públicos.