México: Encuentro nacional de Jóvenes. Ponencia sobre la juventud y los jóvenes que no estudian ni trabajan

Ponencia sobre la juventud y los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Comisión de Jóvenes

Partido del Trabajo Distrito Federal

Los recientes acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez Chihuahua, donde 13 jóvenes preparatorianos murieron acribillados describe, trágicamente y a la perfección, la errónea estrategia federal respecto a la procuración de justicia y mantenimiento de la seguridad pública.

Los sucesos de Juárez deben ser motivo de vergüenza compartida y al mismo tiempo de reflexión profunda. Y es que por otra parte, estos lamentables hechos son también sintomáticos de la situación que afrontan miles, posiblemente millones, de jóvenes en el devenir nacional actual.

La violencia encarnada de la manera más salvaje y dolorosa, es sólo una de las muchas realidades con las que hoy en día conviven, lamentablemente de manera cada vez más cotidiana, nuestros jóvenes.

Producto del negligencia gubernamental y no en pocas ocasiones del abandono de la sociedad toda, se han generado diversas situaciones de adversidad sumamente graves para los jóvenes de hoy y de preocupación permanente para los juventudes posteriores.

La actual descomposición social derivada de una política económica mezquina y excluyente, se materializa en muchas y muy complejas problemática que son absorbidas de manera particularmente sensible por los sectores juveniles de nuestra sociedad. Indistintamente de sí se localiza en el medio rural o urbano, este sector social está recogiendo los resultados de largos años de irresponsabilidad gubernamental y, porque no decirlo, de desenfado legislativo en materia juvenil, por lo que los jóvenes de hoy atraviesan por una situación de excepción en los ámbitos educativo y laboral.

La violencia; la pobreza; el desempleo y las restricciones en el ejercicio de sus derechos básicos, como lo son el derecho a la educación, a la salud, a la buena alimentación, a la cultura, al esparcimiento, y a la justicia, son algunas de la problemáticas sociales que enfrentan las y los jóvenes en todo el país, el Distrito Federal incluido. Como es obvio suponer, esta colección de calamidades comunes imposibilita un desarrollo integral.

La educación, por su parte, es un sofisticado instrumento de desarrollo social, en el caso de los jóvenes es un potencial acceso al bienestar y a mejores condiciones de vida. Es, además, un generador de civilidad; la educación contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos, preparados y solidarios con las causas de su comunidad. No es fortuito que el brindar educación pública de calidad sea uno de los encargos históricos primarios del Estado mexicano plasmados en la constitución.

Sin embargo, en el actual contexto Neoliberal la educación se ha reducido a un vano proceso de capacitación mecánica. Los sistemas educativos públicos en los países en vías de desarrollo se colapsan. En México el Estado se ha alejado, paulatinamente, de esta responsabilidad constitucional, dejando a la deriva el destino de los jóvenes cuya única posibilidad de progreso y prosperidad futura es la educación pública superior y media-superior. Por poner un ejemplo, según muestran cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, hoy en día sólo 1 de cada 10 jóvenes hijos de padres obreros puede acceder a la educación superior.

Así el cursar alguna carrera profesional en alguna de las pocas universidades públicas que existen en el país se ha vuelto, en estricto sentido, un privilegio. Tan solo en el Distrito Federal, cada año alrededor de 300,000 jóvenes son rechazados de las escuelas públicas por falta de presupuesto para las mismas.

Ello significa que en este proceso de selección 2010, alrededor de 300,000 jóvenes se quedarán, al menos, un año desocupados esperando otra nueva oportunidad de ingreso, otros más serán inscritos en instituciones educativas de calidad dudosa y de carácter privado, algunos otros se incorporarán a las instituciones de carácter técnico donde recibirán capacitación industrial con miras a una inserción prematura en el mercado laboral, el resto tendrá que ingresar muy posiblemente al empleo informal para contribuir a la economía familiar.

Pero es aquí es donde viene lo alarmante; como el año pasado otros 300,000 jóvenes tampoco tuvieron acceso a alguna institución educativa, las filas de esta sector marginado se engrosan año con año. Así tienen lugar la desilusión, la frustración permanente y la desesperanza colectiva. Según expertos, en las sociedades urbanas latinoamericanas, dichas condiciones un factor determinante en el inicio de las adicciones.

Por ello no es extraño saber que el estudio acerca de adicción realizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal en 2007, muestra que el 37.3% de la población de entre 12 y 17 años era bebedora en aquel momento y que en ese mismo año, el 62.9% de la población entre 18 y 19 años era bebedora frecuente. Más aún, datos del Sistema Nacional para la Prevención de Adicciones apuntan que entre el 2006 y 2008 el consumo de cocaína se triplicó en México.

Los ámbitos educativo y profesional están estrechamente relacionados, son de alguna manera co-dependiente. Por lo que podemos suponer que en el ámbito profesional la situación no es más alentadora, los jóvenes se enfrentan a una oferta laboral reducida, exigente, inequitativa y desleal. Dada la actual crisis del sistema económico imperante la gran mayoría de los jóvenes tienen como único horizonte de desarrollo profesional el empleo mal pagado, la ausencia de seguridad social, la inestabilidad laboral, y en ocasiones el acoso, en distintas expresiones, en el trabajo. Situación que empeora con figuras como la subcontratación, practica empresarial encaminada a evadir responsabilidades fiscales y contractuales.

Las nulas posibilidades de desarrollo académico y profesional explican, cuando menos en parte, el por qué la informalidad, la extra-legalidad y potencialmente la ilegalidad son una alternativa de vida para muchos jóvenes capitalinos.

Sin duda es una problemática cuyas perspectivas futuras reclaman seriedad y sensibilidad gubernamental. Si consideramos que, según el último censo proporcionado por el INEGI realizado en 2005, el 30% de la población total nacional oscila entre los 10 y los 29 años, la falta de oportunidades es un denominador común de preocupantes dimensiones. Ello es todavía más grave al considerar que de seguir la tendencia anterior, y sin saber los resultados del censo que se llevará a cabo este año, la población joven representará poco menos de la mitad de la población total al finalizar esta década.

Al hacer una revisión objetiva de las líneas de acción gubernamental a nivel local, en materia académica y laboral nos damos cuenta de que sí bien estás han sido esfuerzos loables han sido, también, insuficientes. Programas locales como los dirigidos al apoyo económico a estudiantes de escuelas públicas; a la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo y al ejercicio pleno de los derechos laborales desde una perspectiva joven, son políticas públicas susceptibles de mejora.

Después de esta catastrófica descripción del paisaje juvenil, ¿qué hay?.¿Existen propuestas? ¿Caminos? ¿Proyectos? Horizontes?. Por supuesto que sí. Es necesario revolucionar la conciencia de los jóvenes, desde sí mismos, desde sus inéditas experiencias históricas, desde sus pasiones, desde sus inmensas energías y expectativas.

Al mismo tiempo es prioritario generar espacios de interlocución, canales de cooperación respetuosos a fin de conocer las problemáticas especificas de los jóvenes de nuestra ciudad. Las necesidades juveniles son variadas y complejas y una concepción más completa de ellas nos permitirá el diseño de soluciones integrales y no únicamente de paliativos asistencialistas. Recordemos que en el caso de los jóvenes las soluciones temporales no tienen razón de ser.

Lo que pasó en Ciudad Juárez, puede significar un doloroso punto de partida para escuchar a los jóvenes y recoger la esencia de sus inquietudes y preocupaciones en lo que respecta al ámbito académico y laboral, a fin de construir una decisión pública eficaz y razonada.

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