México: DOCUMENTO CENTRAL EN TORNO AL PROCESO DE DISCUSIÓN Y EJERCICIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2010

DOCUMENTO CENTRAL EN TORNO AL PROCESO DE DISCUSIÓN Y EJERCICIO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2010

Objetivos:

• Insertar discurso y posición política del Partido del Trabajo en foros delegacionales de la institución legislativa local.

• Fortalecer la argumentación del Partido del Trabajo sobre el concepto de participación ciudadana.

• Desarrollar discursos y planteamientos específicos, sobre participación ciudadana

Propuesta:

• Desarrollar discursos críticos sobre el estado que guarda el concepto, la actividad, la legislación y la realidad sobre la participación ciudadana en la ciudad de México.

• La necesidad de impulsar la construcción de ciudadanía desde las instituciones.

Ideas varias:

Los ciudadanos, están sumidos en la apatía política, en la desesperanza o en el franco alejamiento de la participación por la conducta mostrada por instituciones políticas que no permiten que los ciudadanos penetrar en los grupos políticos.

Por otro lado está la ya icónica y congelada reforma política del Distrito Federal que abriría muchas puertas a los ciudadanos en cuanto a participantes de los diseños de acciones de gobierno. Y aún más se tiene inhabilitada la estructura de los comités vecinales que sería el proceso donde se movilizan las percepciones de la ciudadanía sobre sus gobiernos. Por último, las delegaciones políticas se han convertido en pequeños gobiernos en donde la visión vecinal esta segregada de las acciones que afectan, alteran o desean mejorar la habitabilidad de las personas en la ciudad.

No hay una sistematicidad en la enseñanza de la práctica ciudadana.

La participación ciudadana como teoría tiene varias propuestas; se confía en ella como generadora de democracia y como un derecho humano y el hecho de que todos los puntos de fuga de participación como los presupuestos participativos, los comités vecinales, la reforma política pero la ausencia de cabildos y una ausencia de voluntad democratizadora.

Se requiere abrir los aparatos de gobierno, local y delegacional a la participación de los ciudadanos. Esta es una de las comisiones que tienen toda la tarea por delante y está obligada a denunciar todo intento de impedir la participación de la razón ciudadana que va mucho más allá de intereses particulares.

Los avances legislativos y la construcción de los cimientos institucionales son mucho menores de lo que se esperaban dada la dotación de las oportunidades ofrecidas por los electores. Incapacitado para aproximarse la complejidad requerida entre vacíos legales, demandas de vanguardia, construcción de caminos para una idea metropolitana y, muchas veces, atado a la obediencia de la línea política del actual gobierno local, aunque muy activo en intentar la inclusión del aparato institucional de energías sociales insatisfechas que tardaron y tardarán mucho en hallar soluciones.

No se va a tratar aquí de disculpar a las tres veces mayoría parlamentaria perredista por el hecho de que la llave de una revolución legislativa en el Distrito Federal, la reforma política capitalina, se halla secuestrada por el Senado de la República con argumentos blandengues.

El imaginario cultural, al igual que el imaginario social en nuestro país ha abundado sobre una apreciación para explicarse o explicar los momentos más visibles de los movimientos históricos, los más dramáticos, donde el conflicto se torna violento. Este momento de definición se le ha llamado “parteaguas” histórico. Por ejemplo el movimiento de 1968 se considera uno de ellos. Las apreciaciones históricas tradicionales desaparecen a los actores históricos, aquellos que impulsan desde sus individualidades, desde su vida cotidiana los cambios históricos, desde la enorme concreción del anonimato, a aquello que se llama “pueblo” y que ahora se llama “la sociedad”. El 68, al igual que todos los movimientos sociales, no sólo fue la violencia del Estado contra una expresión política juvenil, fue fundamentalmente, un momento de un largísimo proceso, donde la gente, el pueblo, el ciudadano, fue un impulsor central, el cimiento del descontento ante la conducta autoritaria del Estado. Esta forma de hacer la historia, de comprenderla como una actividad de héroes, de liderazgos tiende a desaparecer al ciudadano, el sustento de los “parteaguas”, de los cismas históricos, de la Historia con mayúsculas.

Esta forma de concebir el poder, la movilidad social, el gobierno y hasta la figura estatal es también la concepción de que el ciudadano es el gobernado, en términos etimológicos, el conducido. Por eso un dicho costumbrista dice: “La historia la escriben los vencedores”. Preguntamos: ¿Y el pueblo, la gente, los ciudadanos? Gane o pierda, el pueblo, continúa haciendo su historia.

Esa cultura política va desapareciendo porque los ciudadanos, poco a poco, van transformando incluso el modo de pensar y hacer la historia, la historia que hacemos todos, la historia horizontal esa que se hace llamar democrática.

Estamos en esta cultura de crisis continuas y simultáneas, en una de las crisis legislativas más profundas de la historia parlamentaria en nuestro país. Los representantes populares han caído en la peor categoría de imagen pública. Circulan opiniones como la de desaparecer a los diputados, a los Senadores se dice que no trabajan. Es decir hay una corriente de opinión que cree que se puede prescindir de facto de uno de los órganos de equilibrio de poderes, de uno de los factores básicos para el proceso democrático en la experiencia mexicana: el sistema de partidos. Es cierto que tras de esto hay una táctica desde muy arriba que busca y logra desacreditar a las Cámaras, sobre todo ciertos medios masivos de comunicación, pero hay otra y que ayuda mucho, como las de algunos representantes, que han puesto de rodillas al Poder Legislativo.

El pueblo, la gente o los ciudadanos son quienes han realizado la presión necesaria para que los cambios sustantivos y visibles, los históricos, se den, aunque la Historia oficial no los reconozca. Ante la crisis de las instituciones hay una energía que quiere continuar con ese permanente esfuerzo creativo, la energía ciudadana. Y hay un sistema de frenado que inhibe o controla ese impulso.

Pero el problema es un asunto de conciencia. Sobre nuestra faceta ciudadana estamos conscientes de la serie de crisis, de que las Cámaras en cualquier nivel son los mecanismos de viabilidad para catalizar y concretar acciones pertinentes. Sabemos que estos órganos no han adquirido un carácter ciudadano verdadero, aunque abundan los discursos en este sentido. Y sabemos finalmente que las leyes que ahí se producen son las vías para ajustar el sistema, para conducir el sistema hacia una transición, para que el Estado de Derecho se convierte un Estado de Justicia.

El legislador debe renunciar a toda su categorización de ser una representación vertical. Debe separarse de esa caracterización y caricaturización de ignorante soberbia, de líder impuesto, de burda superioridad, de psicología dañada por una supuesta adquisición de poder, del poder de la cultura política que devastó y devasta al país.

Este sería un punto de un necesario Código de Ètica legislativa. La ciudadanización democrática penetraría en las instituciones, sobre todo las educativas. Es por eso que el monitoreo ciudadano a los representantes debe instalarse como entidad contralora en la misma Asamblea.

Estamos viviendo una época donde el proyecto democrático está en vilo y existe una generalizada sensación de malestar sobre la forma como se ha llevado a cabo el proceso de democratización. Los grupos de interés que se han insertado en los aparatos del sistema han enclaustrado el sentimiento participativo, endureciéndose su capacidad de integrar y ser un espacio que de sentido para la participación de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Un resultado de su actividad? El abstencionismo electoral. ¿Otro? Los partidos políticos son cada vez menos representativos del sentir popular.

La ciudadanía aspira a tener instituciones que permitan la participación en el diseño de las políticas gubernamentales y la creación de condiciones para contar con espacios públicos transparentes y abiertos a mayorías y minorías. Esto implica plantearse dos grandes temas: la hipoteca que grandes empresas tienen sobre la democracia imponiendo sus condiciones y sus propios modelos de política económica y la concentración de los medios de comunicación en sus manos.

Se deben de abrir canales de participación ciudadana efectivos, “pasar de modelos piramidales a redes sinérgicas que permitan diseñar y desarrollar políticas públicas, que luego deben ser monitoreadas y evaluadas con la sociedad civil y los ciudadanos».

Hay temas obstruidos que requieren revitalizarse sin la intervención de las corporaciones políticas. Por ejemplo una ciudadanización real de las figuras del referéndum, la consulta ciudadana y el plebiscito como vías de participación ciudadana; los contralores ciudadanos; la situación actual y propuestas de fiscalización ciudadana; la iniciativa popular desde la ciudadanía; la asamblea ciudadana y sus posibilidades; el consejo ciudadano; el derecho de petición; las agrupaciones políticas locales en contiendas electorales; las candidaturas ciudadanas; los partidos políticos, las instituciones locales y la participación ciudadana.

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