Agencias, 31 de octubre de 2009.- Jhon Sajonero, miembro de la dirección de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), y Óscar Duque, fundador de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra (ACVC), dirigieron dicha solicitud a los organismos internacionales competentes.
Dirigentes de una organización de campesinos y otra estudiantil de Colombia acogidos por el Gobierno regional de Cataluña y por el Ayuntamiento de Barcelona, reclamaron hoy que se investigue la vulneración de los derechos humanos en su país «por parte de militares y paramilitares».
Jhon Sajonero, miembro de la dirección de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), y Óscar Duque, fundador de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra (ACVC), dirigieron, en una entrevista con Efe, dicha solicitud «a los organismos internacionales competentes».
Sajonero considera, además, que la Audiencia Nacional española podría emprender acciones judiciales en Colombia, como ya lo ha hecho en la investigación de crímenes en las dictaduras argentina y chilena, porque «existen motivos suficientes para intervenir», aunque duda de si dicho órgano jurídico sería competente.
El dirigente de ACEU cree que dicha intervención de la justicia española estaría justificada porque «los jueces colombianos no pueden investigar aunque lo deseen», dado que «el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha ido copando cada vez más poder, también judicial» impidiendo las causas contra miembros del gobierno y paramilitares.
Sajonero citó, en concreto, las «2.000 ejecuciones extrajudiciales» que se calcula que se han realizado en Colombia al margen de la ley «haciendo pasar por guerrilleros a simples civiles».
Señaló como ejemplo la investigación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza sobre el asesinato masivo de militantes del desaparecido partido Unión Patriótica, vinculado a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El miembro de la ACEU denunció también la política de «oídos sordos» del Gobierno colombiano con relación al presupuesto para educación que para 2010 «será del 13,9%, frente al 14,2% dedicado a la guerra», en un país con altas tasas de analfabetismo y necesidades sociales.
Tanto él como Duque rechazaron rotundamente el establecimiento de bases militares estadounidenses en el país suramericano y apostaron por una solución «dialogada por parte de todos los estamentos sociales» para llegar a una paz que «no llegará sin justicia social».
Duque destacó además la presión que las multinacionales ejercen sobre los campesinos que «cultivan sobre un terreno muy rico en recursos naturales amparados por terratenientes y paramilitares» con «megaproyectos» agrícolas relacionados con el caucho y el aceite de palma.
Ambos dirigentes colombianos son los primeros beneficiados del Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos sufragado por el Gobierno regional catalán, e iniciado en el mes de julio con el fin de ofrecer protección a activistas amenazados y perseguidos en sus países de origen.
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