Discurso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ante la toma de protesta de los 16 jefes delegacionales.
(Leído por el diputado Juan Pablo Pérez Mejía)
Con su venia diputado Presidente.
La ciudad de México abre su cuarto ciclo de gobierno de las jefaturas delegacionales electas. Han pasado nueve años desde que se inauguró la posibilidad democrática para elegir los gobiernos de las demarcaciones territoriales. Son administraciones que tienen a su cargo la construcción, la esperanza y la viabilidad de la organización y la gobernabilidad bajo el espíritu democrático. Y no sólo eso, sino que algunas de ellas, ese espíritu democrático, se guíe conforme una orientación de izquierda, una opción por la construcción de ciudadanía. La ciudadanía es lo contrario a lo que produce la desigualdad social, drama y la costumbre de nuestra vida cotidiana.
El diputado Juan Pablo Pérez Mejía de la fración parlamentaria del Partido del Trabajo
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene ahora la responsabilidad, en esta fijación de postura, de ofrecer un balance entre las exigencias ciudadanas y las respuestas de los gobiernos delegacionales; entre los esfuerzos por democratizar ahí donde persisten procedimientos autócratas.
Necesariamente hay que comenzar por definir el escenario de esta ciudad, el piso de la situación política en donde se asientan las administraciones locales. Al no existir una estructura de gobierno que incluya los equilibrios fundamentales que requiere la ciudadanía, los cabildos, esta Asamblea tiene que funcionar como la parte de ese equilibrio faltante ante las administraciones locales. La resistencia de los actores políticos por impulsar la Reforma Política del Distrito Federal, ha propiciado daños graves a este incipiente desarrollo del proceso de ciudadanización. Muchas veces es la autoorganización vecinal la que se erige en una forma de movilización ante las decisiones delegacionales y esto revela con mayor dramatismo el vacío existente en la relación política entre delegaciones y sus gobernados.
Otra de las grandes faltantes legales y jurídicas es la permanente queja de las jefaturas delegacionales por su estrecho margen de maniobra que le permiten sus facultades vigentes. Es necesario levantar la voz y unirnos en esta tarea que parece olvidada. Desde aquí, el Partido del Trabajo, los invita a formar un gran frente por la realización de la Reforma Política de la capital y por la emisión de su Constitución Política. Esas herramientas, que son motores de ciudadanía y organización democrática, se están convirtiendo en el gran ausente que impide regular racionalmente nuestra convivencia.
Hay que dejar en claro que la ausencia de una Constitución del Distrito Federal y de una Reforma Política capitalina ha minado la comprensión y al equilibrio de poderes dentro de las demarcaciones. Los vecinos tienen obstaculizado su proceso de participación, de vigilancia, de exigencia de transparencia, la rendición de cuentas y la consulta popular.
El segundo escenario de la ciudad, es la presencia de la crisis económica y la inminencia de otros factores críticos como son el del agua y el de las probabilidades epidémicas.
Hoy estamos inmersos en una crisis económica mayúscula, una crisis sistémica que lo engloba todo. En principio tenemos que reconocer esta etapa y su calidad, sus procesos y direcciones, su pertenencia y su origen. Tenemos que reconocer y definir la crisis para poder actuar en y sobre de ella. Si los discursos políticos y de comunicación social federal imponen una reducida comprensión de la crisis, tendrán sus motivos políticos exculpatorios. Y si no somos capaces de entender la crisis, no seremos capaces de plantear soluciones. Las delegaciones tendrán una responsabilidad primaria para confrontar los sucesos y las reacciones sociales ante el proceso de aumento de la pobreza en la capital y sus efectos, como ya lo ha manifestado el jefe de gobierno Marcelo Ebrard.
Esta crisis, no es una crisis que viene de fuera. La comprensión de una crisis del sistema no puede desprender a México del escenario internacional con spots mediáticos ni considerarla ajena. Somos una economía nacional ajustada, articulada y perfectamente tejida en la maquinaria del modelo neoliberal del mercado, inserta a los acuerdos internacionales de comercialización, acumulación de riqueza y empobrecimiento administrado. Suscrita, también, a los circuitos de crisis que afectan sin remedio a millones que son, por la naturaleza misma del sistema, sobre quienes recae el pago total de los procesos críticos. Esa es la fórmula: crisis, ciudadanía acotada y gobernabilidad en márgenes de riesgo.
Ya estamos oyendo las propuestas indolentes de aumento general de impuestos que esquivan cualquier idea de poner un orden democrático en las finanzas. Nos esperan imposiciones de fuerza. La inmensa ciudadanía espera de nosotros creatividad, carácter y unión ante lo que viene.
Otro asunto crítico es aquel que ha ocupado al sistema de elecciones, tanto a los institucionales como a los de los partidos. Este tema es ineludible porque toca de lleno a los aspectos de la gobernabilidad, de la credibilidad, de la confianza y de la participación ciudadana en el sistema de partidos, así como influye en la relación entre gobiernos y gobernados.
La solución judicial de las elecciones, -nosotros y ustedes estamos aquí, gracias a la decisión ciudadana-, es un fenómeno a estudiar. La falta de una regulación estricta y razonada en las competencias electorales, es un incomprensible defecto en tiempos de transición y más parece una omisión voluntaria, que un descuido. La ausencia de legislaciones garantes de la democracia ha generado que los límites de las campañas estén rebasados, estén intervenidas y estén afectadas por el uso de los recursos públicos.
La Democracia está en riesgo y como siempre es el poder del dinero y el dinero del poder el principal factor de desestabilización de los procesos democráticos. Al penetrar en las campañas electorales, tanto internas como las constitucionales, el dinero no regulado trastoca, contamina e infecta las competencias electorales. La elección pierde el equilibrio y quien pueda hacer una mínima distinción comprende que esto no es democracia. No podemos omitirlo, el dinero tiene diversos rostros, adquiere variadas formas, muchas posibilidades, vincula intereses y puede penetrarlo todo. Recordemos la fórmula que atenta a las competencias electorales equitativas: “Si se quiere competir, obtén dinero de todos lados. La mayoría de lo que se gasta no está controlado”.
No puede erigirse una auténtica victoria electoral cuando se ha infringido los límites de la legalidad, de la legitimidad y de la honorabilidad. Nadie puede ostentar un cargo de elección popular cuando se valió de apoyos espurios, nadie. Esta Asamblea, sus representantes, su Comisión de Vigilancia, sus facultades, estará muy atento de la actuación de las estructuras administrativas delegacionales. El Partido del Trabajo se compromete a impulsar su expansión de facultades, la creación de equilibrios en la relación entre delegaciones y vecinos y también adquiere el compromiso, y aquí lo refrenda, de velar por las conductas de los gobiernos delegacionales se mantengan dentro de los límites de la legalidad. No dejaremos pasar abusos ni arbitrariedades que se oculten en la falta de controles, en el aprovechamiento de las lagunas legales. Propondremos una estructura de controles en las legislaciones para proteger los procesos democráticos en el sistema de partidos.
Toman protesta quienes gobernarán las 16 delegaciones de la ciudad de México
Aunado a este riesgo y en estrecho vínculo con las elecciones, el fenómeno de la distracción de recursos públicos para intereses privados también mina las actividades naturales de los aparatos delegacionales. Este grupo parlamentario sumará propuestas legales para que los controles ciudadanos, la transparencia, los recursos legales que impidan la distracción de recursos humanos y presupuestales de las demarcaciones dominen y puedan abatir las perjudiciales estrategias por influir y afectar el sentido de las votaciones libres.
El Partido del Trabajo tiene los objetivos de la educación y la formación de la ciudadanía, de desarrollar las capacidades de la participación comunitaria, de crear las condiciones de expresión de comunidades de cuestionamiento, de las comunidades de experiencias, de comunidades de creatividad. Uno de sus planteamientos será desde esta actividad legislativa, crear legitimidad legal y propiciar las potencias organizativas y autogestivas. Para ello promoverá que las acciones de gobierno delegacional posean propiedades formativas y pierdan su naturaleza puramente asistencialista para que en el contacto de los programas sociales delegacionales y de las actividades naturales de las delegaciones se promueva la conciencia de ciudadanía, de grupo, de barrio y se catalice su autoorganización para lograr los contrapesos legítimos.
La demanda de los ciudadanos crece y los insumos decrecen. Vienen tiempos en los que se demostrará que la organización de las fuerzas propias, las naturales definan las estrategias y las articulaciones de gobernabilidad. La crisis del agua, del espacio público, la alimentaría, la de salud, la ambiental sólo podrán ser superadas por los aparatos de gobierno que tengan responsabilidad social, capacidad de crear vínculos, ciudadanía. Los gobiernos delegacionales tienen ante sí, por ser los contactos inmediatos de los vecinos, la obligación de afinar y masificar sus mecanismos de consulta, la responsabilidad de que sea la comunicación la forma natural de generar la toma de decisiones, el reto de educar a los inmensos grupos sociales, el adeudo de atenuar los estragos y los padecimientos de los que menos tienen y crear las condiciones de adhesión social. Tienen frente a ustedes la opción de abrir las puertas a la participación ciudadana en el diseño de sus planes de gobierno. Habrá que ensayar los beneficios de la concertación y de la comunicación social.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pugnará por la autonomía de las contralorías delegacionales, por la inclusión de los contralores ciudadanos, por hacer totalmente transparente la estructura delegacional y por una rendición de cuentas bajo reglamentación, bajo criterios de fiscalización, de análisis y de cuestionamiento. Asimismo crearemos mecanismos legales para sancionar los subejercicios y las omisiones. Propondremos la revocación de mandato de las jefaturas delegacionales para proteger y asegurar la opinión ciudadana.
Señores jefes delegacionales. Estamos ya en tiempos difíciles, estamos retrasados en el cumplimiento de las demandas ciudadanas por democratizarlo todo. Hay resistencias inmensas para asumir la disciplina democrática. Formemos un frente para impulsar las Reformas que a la ciudad urgen y sometámonos a los valores democráticos.
Es cuanto.