México, D.F., 7 de agosto de 2009
RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DEL SEMANARIO PROCESO
P R E S E N T E
El Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, externa públicamente su apoyo a todas y todos los integrantes del semanario que usted dirige y condena la “pretensión” de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSPF, de vincular al semanario de investigación periodística con actividades del crimen organizado, al exhibir ejemplares del semanario junto a supuestas evidencias con las que presentaron a presuntos integrantes de una célula del cártel La Familia ante los medios de comunicación.
El semanario Proceso tiene casi 33 años de existencia y de labor de investigación periodística; además de contar con un tiraje aproximado de 120 mil ejemplares que son distribuidos de manera muy extensa en todos los estados de la República Mexicana y en otros países como Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina, entre otros, dándole con ello un alto reconocimiento nacional e internacional por su contribución al periodismo y al debate público mexicano, insumo necesario en las democracias.
Durante el mes de julio, el semanario Proceso se dio a la tarea de difundir información sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Michoacán en el contexto del combate a la célula del crimen organizado La Familia a través de sus ediciones 1705, 1707 y 1708 así como en la edición especial número 25 (El México Narco, 2a parte), tal como lo hace con los diversos temas de la agenda pública nacional desde la línea del periodismo de investigación que desarrollan, labor que reconocemos como una contribución al ejercicio de la libertad de expresión y al acceso a la información derechos de la ciudadanía.
Como es de conocimiento público, dichos ejemplares fueron fotografiados y grabados en video para su difusión durante la detención de presuntos integrantes de dicha organización delictiva junto con armamento, billetes, teléfonos celulares y otros instrumentos, lo cual deja a la “imaginación” la idea de que el semanario Proceso forma parte de dicha organización.
Ante ello, Cencos externa su profunda preocupación y condena lo que constituye una agresión a la libertad de expresión y un acto de intimidación/presión al sugerir que el semanario Proceso forma parte de la logística de la organización delictiva La familia toda vez que:
– La sugerencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, SSPF, cae gravemente en el terreno de la especulación pues no se muestran pruebas contundentes y sí se pone en riesgo a todos y todas quienes participan en la elaboración del semanario toda vez que los coloca en medio del fuego enemigo;
– De acuerdo con los datos, el semanario Proceso no es una revista exclusiva de un sector sino que contribuye a una gama plural en sus contenidos, posturas y análisis, llegando a un extenso número de lectores y lectoras, bajo la garantía del derecho a la libertad de expresión;
– Es claro que el análisis e investigación de la célula del cártel La Familia no ha sido el tema principal del semanario durante estos 33 años. Proceso, mediante el periodismo de investigación ha analizado, investigado e informado sobre diversos grupos del crimen organizado a lo largo su historia, y de manera contundente, una de las tareas que ha desarrollado es el análisis e investigación de la problemática estructural de los “poderes fácticos” lo cual, para un contexto como el que estamos
viviendo en el país, es necesario para poder informar a la sociedad.
Por lo anterior, Cencos se solidariza con el semanario Proceso, y manifiesta su preocupación al Estado mexicano, ya que la Convención Americana de los Derechos Humanos, señala que la libertad de expresión “comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es derecho de ese individuo o medio de comunicación está siendo violentado, sino también se violenta el derecho de la sociedad de recibir informaciones e ideas.
Además desde Cencos, dado el contexto de la alta vulnerabilidad al ejercicio de la libertad de expresión y en especial al ejercicio periodístico, señalamos que en el reciente Examen Periódico Universal (EPU), México recibió 8 recomendaciones en materia de libertad de expresión entre las cuales se especifica la responsabilidad del Estado de “poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación (Reino Unido), y proporcionar mayores garantías a ellos (Perú); garantizar su seguridad y (Bangladesh, Dinamarca, España, Perú), cuando sea en el desempeño de sus funciones profesionales (Bangladesh), en particular los que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y corrupción (Perú)”.
Dichas recomendaciones han sido aceptadas por el Estado mexicano por lo que criminalizar la labor periodística y de investigación significa omitir y no cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
El Estado mexicano es responsable de la promoción, protección, así como de abstenerse de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de la sociedad mexicana.
Solamente de esa forma estará verdaderamente garantizando la existencia de una democracia plena, consolidada e institucional.
Atentamente
Centro Nacional de Comunicación Social
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La SSP pone en riesgo a los periodistas de Proceso
Difusión Cencos México D.F., 10 de agosto de 2009
Fuente: Proceso
El semanario Proceso interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a que la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna, lo vinculó con la organización delictiva conocida como La Familia.
El recurso fue promovido el pasado martes 4 ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, encargada del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos.
De proceder la queja, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá explicar a la visitaduría por qué decidió incluir cuatro ediciones de la revista como parte de los recursos asegurados a una célula del mencionado grupo armado, que de acuerdo con la depen dencia los utilizaba para cometer actos de delincuencia organizada.
Además, tendrá que explicar su decisión de difundir un video con el fragmento de un interrogatorio en el que uno de los detenidos supuestamente pone énfasis en la utilización de la revista por el grupo que encabeza Servando Gómez Martínez, La Tuta, enemigo declarado de García Luna (Proceso 1709).
Esos hechos, “que considero violatorios a los derechos humanos de los integrantes y directivos de la revista… pueden poner en riesgo la integridad física de los que laboramos en Proceso”, dice en el texto de la queja el director de esta publicación, Rafael Rodríguez Castañeda.
Enseguida explica que, al exhibir ediciones de la revista dentro del contexto de los delitos que se atribuyen a los detenidos, la autoridad puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, el honor de los periodistas y la imagen de Proceso. Además, enfatiza, puede considerarse como una presión o censura indirecta contra la línea editorial de la revista.
En las ediciones de Proceso mostradas por la SSP como parte de los recursos utilizados por el grupo para cometer delitos, y mencionadas en el interrogatorio, se publicaron reportajes sobre los problemas de la Policía Federal, que depende de García Luna, para enfrentar a La Familia.
La queja también advierte de otros efectos negativos que pueden tener las acciones de la SSP respecto a Proceso:
“En función de los antecedentes corroborados por organizaciones defensoras de periodistas, respecto a las agresiones a periodistas y medios de comunicación por parte de diversos grupos y organizaciones delictivas que se sienten afectadas por alguna publicación, consideramos que la actuación de la autoridad coloca en un riesgo al personal y a las instalaciones de la revista.”
De acuerdo con esta queja, la SSP pudo haber contravenido el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, protegidos por los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política.
El artículo sexto señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, salvo que ataque a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
El séptimo dice que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”, sin más límite que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.
Esas garantías están previstas también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión, instrumentos suscritos por México ante la comunidad internacional»
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos