| Organizaciones sociales, campesinas y urbanas, de Chaco se movilizan para dar a conocer sus reclamos. A cambio, la policía local reparte golpes, amenazas y detenciones ilegales.
(Cecilia Litvin – Red Eco) Chaco. Es sabido que los pobladores de Chaco, al igual que en otras provincias del norte argentino, pasan por muchas necesidades. Falta de trabajo, vivienda, tierra, comida, salud, educación. Quizás por eso, sea un pueblo muy movilizado, así lo demuestran las más de 70 agrupaciones sociales que allí conviven.
Por esto mismo, 25 de esas organizaciones acamparon por 9 días en la plaza ubicada frente a la Casa de Gobierno para exigir que se cumpla con un acuerdo firmado sobre construcción de viviendas; y para condenar los dichos del vicegobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, que llamó a terminar con las movilizaciones con cortes de calle. El acampe se levantó ayer, miércoles, a la tarde, luego de que el mandatario provincial, Jorge Capitanich, se comprometiera a dar cumplimiento al acuerdo. Es decir, firmó lo que ya habían firmado, y posteriormente incumplido, sus propios ministros.
Pero el acampe no fue fácil para las más de dos mil personas que lo llevaron adelante, pero no por las inclemencias del tiempo, sino principalmente por el permanente ataque y persecución de parte de la policía.
El 13 de Julio pasado un integrante del Movimiento Federal perdió tres dedos del pie producto de un itakazo a centímetros de distancia. Dos días más tarde, dos militantes que salían del acampe fueron secuestrados y alojados en la seccional de investigaciones durante 12 horas. El 17 de Julio (día en que el Movimiento 17 de Julio realizaba un acto a nueve años de su nacimiento) la policía intentó desalojar el acampe, detuvo y golpeó salvajemente a varios compañeros y demoró a más de diez que regresaban a sus casas. Luego, fueron detenidas otras dos personas y obligados a participar como testigos de un operativo policial, para luego ser tirados en las afueras de Resistencia.
Según relató a Red Eco Amílcar Soto, del Movimiento 17 de julio, le darán tiempo al gobernador para que cumpla con lo acordado hasta el 4 de agosto, fecha en que además acompañarán la finalización de una gran marcha provincial organizada por distintos agrupaciones campesinas, que recorrerán durante varios días 200 kilómetros de Chaco hasta llegar a la capital para hacer oír sus reclamos, que también está relacionados con incumplimientos oficiales.
Daniel Benítez, de Unión Campesina, explicó: “Hay un documento firmado que consiste en resolver los problemas de los compañeros campesinos, que tienen que ver con el tema del trabajo en el campo, del pequeño productor, el aporte del Estado con asistencia técnica, insumos, maquinaria, para que los pequeños campesinos puedan trabajar sus tierras y subsistir de ellas. No se le está pidiendo poder vivir del gobierno sino que faciliten el trabajo de los pequeños productores y poder seguir viviendo y trabajando en sus pequeñas parcelas. No solo eso, también se está contemplando los que viven en el campo pero no tienen tierras, son ocupantes o están viviendo en un terreno prestado; el gobierno también se comprometió a ser un relevamiento de estas familias para poder encarar y resolver sus problemas de salud, asistencia comunitaria, vivienda”.
Igualmente, lo que hoy más preocupa a los movimientos sociales chaqueños es la represión policial. No solo la sufren en la calle durante las manifestaciones, sino también en los propios barrios. Por este motivo, integrantes del movimiento 17 de julio viajarán a fines de la primera semana de agosto a Buenos Aires para denunciar esta situación. Allí darán a conocer algunas de las presentaciones judiciales que ya han realizado. Según informa Soto, la policía de Chaco acumula 200 denuncias por corrupción, y hasta el actual jefe de policía, Hugo Lisboa, está acusado de asesinar a un campesino y torturar a diez menores de edad cuando era comisario.
Es así, los chaqueños pasan muchas necesidades y sufren todo tipo de amedrentamientos, pero la movilización popular no cesará.
|
