ATENCO: LA IMPUNIDAD CONTINÚA
México, D.F., 16 de junio de 2009
Boletín de prensa
– Una vez más, las autoridades mexicanas demuestran su ineficiencia para procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a
derechos humanos cometidas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
– Es absuelto el único policía que había sido sentenciado por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las mujeres.
– Se confirma la falta de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violaciones a derechos humanos.
Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de al menos dos mil policías federales, estatales y municipales significó un gravoso cúmulo de violaciones a derechos humanos. De cuarenta y siete mujeres detenidas, al menos veintiséis denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías.
A pesar de que las mujeres presentaron sus denuncias ante las instancias competentes, la justicia no ha llegado. En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos cometidos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no ha realizado ninguna consignación pese a que inició la Averiguación Previa FEVIM/03/05/2006. En el ámbito estatal, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició diversas averiguaciones por los hechos, únicamente fueron abiertos dos procesos penales por delitos no graves.
En los procesos seguidos en el ámbito estatal las irregularidades han continuado. Dentro de la causa penal 59/06, seguida ante el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Tenango por el delito de “abuso de autoridad” contra 5 policías estatales y municipales, aún continúa la etapa de instrucción. En este juicio, reiteradamente ha sido obstaculizado por el ministerio público el derecho de toda víctima a coadyuvar y ser informada sobre el proceso.
Por otra parte, en la causa penal 76/2006, bajo la responsabilidad del mismo juez, también se ha perpetuado la impunidad. En dicho juicio, seguido en contra de un policía del Estado de México a quien se identificó como responsable de haber obligado a una de las mujeres arbitrariamente detenidas a que le practicara una felación (“sexo oral”), se exoneró al acusado: aunque el policía, de nombre Doroteo Blas Marcelo, había sido sentenciado en primera instancia, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dicha resolución reconoció que “los medios de prueba se constituyen en indicios sólidos para determinar que efectivamente la denunciante fue objeto de un acto erótico sexual, pero de ninguna manera son atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”. Ello a pesar de que, tratándose de un delito sexual, las imputaciones realizadas por la
sobreviviente debían tener valor probatorio preponderante.
Así las cosas, el único de los policías que había sido sancionado penalmente por los hechos de Atenco, ha sido absuelto por el poder judicial mexiquense. La impunidad, nuevamente, se ha impuesto en las instancias nacionales. Como el Centro Prodh ha señalado reiteradamente, en el caso Atenco la violencia perpetrada en contra de las mujeres por parte de los policías no fue debidamente investigada y las autoridades correspondientes no actuaron con la diligencia requerida en delitos de esta naturaleza, donde las primeras diligencias resultan imprescindibles para el procesamiento y la sanción de lo responsables. Y si bien diversas instancias gubernamentales han reconocido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de los hechos de Atenco, lo cierto es que a la fecha ninguna persona ha sido penalmente sancionada.
Ante esta situación, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual seguirán adelante con la denuncia (“petición”) presentada ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a la ineficacia de las instancias nacionales, las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó en su perjuicio sus derechos humanos (integridad física, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, dignidad y privacidad) y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura. El caso puede sentar un precedente importante sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual perpetrada contra mujeres por agentes estatales. Las mujeres denunciantes y este Centro de Derechos Humanos consideramos fundamental que exista una condena internacional al Estado Mexicano con el fin de acceder a una justicia integral, la cual ha sido negada por mas de tres años.
Finalmente, es importante destacar que las acciones legales seguirán siendo acompañadas de acciones de protesta que las mujeres denunciantes, en su legítimo derecho, han decidido realizar para denunciar ante la opinión pública la impunidad que prevalece. Protagonistas de su propia denuncia, las mujeres seguirán señalando pública y valientemente la falta de justicia.
Mujeres denunciantes, detenidas arbitrariamente en Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006
Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C