Los grupos UNyR GAM, Movimiento Socialismo Nuevo, Fundación Arte y Cultura, nos hacen llegar materiales sobre la campaña de Víctor Hugo Lobo en la Delegación Gustavo A Madero de la ciudad de México, que actualmente se encuentra en proceso electoral 2009 y de la candidata a diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, ambos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, además, nos hacen llegar las plataformas y propuestas electorales que el PRD junto con sus candidatos proponen, aquí están
Tríptico de la campaña de Víctor Hugo Lobo
Tríptico de la campaña de Lizbeth Eugenia Rosas
y
Plataforma Electoral 2009 del PRD Propuestas Simplificadas PROPUESTAS SOCIALES
1. SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL.- Nuestro objetivo es alcanzar la segundad social universal, con especial orientación a los sectores de la población que no pueden ser cubiertos por las instituciones de segundad social, ni la medicina privada, por encontrarse fuera de la economía forma. Consideramos que el primer paso hacia una seguridad social universal es el establecimiento del Seguro Nacional de Desempleo, similar al existente en el Distrito Federal, con la obligación de garantizar la capacitación de los desempleados. El siguiente paso es reconocer el derecho de toda persona a una canasta mínima de consumo que incluya los bienes y servicios necesarios para un desarrollo adecuado y acorde con sus necesidades de desarrollo personal en términos de educación, salud y alimentación.
2. SALUD.- Tenemos el compromiso de convertir el derecho a la protección de la salud en un derecho exigible, Para hacer efectiva la obligación del Estado a proporcionar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la salud proponemos: reformar la Constitución para que se incluya el derecho a la protección de la salud y la obligación de los gobiernos de garantizarlo; establecer legalmente la obligación del gobierno de destinar una cantidad mínima para la salud; combatir la actual discriminación existente en los servicios de salud para trabajadores asalariados y para población abierta, garantizando así una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos para atender a toda la población; Avanzar hacia un Sistema Único de Salud; poner en operación un programa de rehabilitación y construcción de clínicas y hospitales que permitan cubrir las necesidades de la demanda de atención médica; Establecer un programa de modernización de los sistemas administrativos para agilizar los servicios de atención en materia de salud; fomentar el papel de la medicina alternativa y tradicional, las campañas masivas de información y la práctica de actividades como el deporte; Crear centros de rehabilitación para las adicciones en las comunidades que lo requieran, con la adecuada infraestructura y promover puestos de trabajo para quienes estén en proceso de rehabilitación. Proponemos asimismo, combatir la epidemia del VIH-Sida con medidas efectivas que garanticen la atención y el suministro de
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medicamentos gratuitos a las y los enfermos y la realización de campañas permanentes y abiertas de información y prevención, con énfasis al fomento del uso del condón como una de las formas más efectivas para evitar enfermedades de transmisión sexual.
3. ALIMENTACIÓN Y ACCESO AL AGUA.- El derecho a la alimentación y al agua potable debe ser garantizado por el Estado, mediante políticas públicas que integren tanto subsidios a alimentos y servicios, como la planeación y ejecución de programas de salud que permitan la debida nutrición de las y los más pobres, especialmente niñas, niños y adultos mayores. Proponemos establecer políticas públicas específicas en el tema de la alimentación, vinculándolas directamente con el tema de la salud; para lo cual habrá de modificarse el marco normativo relacionado con la alimentación. Nos pronunciamos también por el derecho humano al agua, como derecho social y por elevar este derecho a rango constitucional. Para disfrutar del derecho al agua es indispensable preservarla como servicio público, basado en el manejo equitativo y sustentable, apoyándose todos los proyectos sustentables que tiendan a la mejora del medio ambiente y la evaluación de la calidad de vida.
4. VIVIENDA.- Seguiremos trabajando para que todas y todas puedan exigir el cumplimiento del derecho constitucional de toda persona para disfrutar de una vivienda digna, decorosa y de calidad. Proponemos que el Estado organice un sistema nacional integrado, el cual regule los precios de la vivienda de interés social de tal forma que el ciudadano o la ciudadana pague el costo real de éstas, de acuerdo a los ingresos económicos que se obtienen, recibiendo espacios de calidad que garanticen el bienestar de sus habitantes. Así, para garantizar a todas las familias el derecho de acceso al suelo y a la vivienda digna, proponemos nuevas normas sobre el mercado de suelo y vivienda en propiedad y renta, incluido el informal y popular, en una nueva Ley General de Vivienda, que permita recuperar la promoción de la construcción de vivienda en los organismos del sector público, modificar las reglas del sistema bancario para hacer accesible el crédito a todos, incluyendo al sector de no asalariados, así como promover la asociación de capital privado, inversión estatal y esfuerzo propio de los sectores demandantes para construir viviendas de interés social y popular.
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5. EDUCACIÓN.- Como principales propuestas en materia educativa presentamos las siguientes: Revisar la infraestructura física del sistema educativo nacional, con el propósito de ampliar los espacios; modificar el sistema de evaluación, a efecto de garantizar su autonomía y valorar tanto el desempeño de las y los educandos, como el del magisterio, los sistemas educativos y los establecimientos escolares; completar la federalización del sistema educativo, paralela a una reforma del sistema fiscal de la federación, cuidando mediante fondos y programas federales que se reduzca radicalmente la asimetría entre las distintas regiones del país y sectores de la sociedad. Combatir la asimetría en la educación básica que existe entre escuelas urbanas y rurales, garantizando las condiciones mínimas aceptables de estudio y asegurando la calidad, permanencia, responsabilidad y profesionalismo de los docentes, lo que implica un programa de formación y actualización magisterial, así como terminar con el burocratismo y corrupción en la SEP y con la relación viciada de ésta con el sindicato de maestros; Establecer que la educación básica obligatoria, preescolar, primaria y secundaria sea de tiempo completo, apoyada en la alimentación de las y los educandos; Hacer obligatoria la educación media superior, medida indispensable que ayudará a modificar el perfil cultural de la sociedad mexicana, así como al decrecimiento de la tasa demográfica, al abatimiento de la delincuencia y al retraso de la edad laboral; conformar un Consejo Nacional de Educación, que tendría por funciones realizar la planeación educativa, discutiendo y aprobando los contenidos de los planes de estudio entre otras; crear el Sistema Nacional de Bibliotecas y promover decididamente la lectura mediante un programa nacional de formación de lectores tempranos; atajar la deserción de los estudiantes por motivos económicos a partir de extender el programa de becas otorgadas con criterios socioeconómicos; libros de texto gratuitos en los niveles de primaria en todos los tipos de educación, y en secundaria y bachillerato en la educación pública; proporcionar útiles escolares, uniformes y transporte cuando sea necesario; introducir la pedagogía de avanzada; reorganizar los ciclos educativos; fomentar la educación artística y el deporte; incluir la educación sexual en los programas escolares; acceso gratuito a Internet a las y los profesores, investigadores, técnicos y estudiantes a partir de la enseñanza media, así como subsidios para promover la adquisición de los equipos personales para las alumnas y los alumnos. Establecer asimismo, un programa integral educativo, dirigido a los sectores de la población excluidos de la educación, la cultura y las nuevas tecnologías de la
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información y la comunicación, priorizando la educación de personas adultas y la capacitación sistemática de las trabajadoras y trabajadores de la ciudad y el campo.
6. EDUCACIÓN SUPERIOR.- Para elevar el nivel de la educación superior pública proponemos: Reforzar el carácter constitucional público y gratuito de la educación superior y apoyar con los recursos necesarios a una nueva expansión de la universidad pública; respetar escrupulosamente la autonomía universitaria y el compromiso constitucional de dotar a la universidad pública de recursos suficientes para su funcionamiento y expansión y promover que los propios universitarios ejerzan un control estricto y transparente sobre el uso de los recursos; conceder un lugar prioritario a la educación superior en la política de desarrollo y asignar a la universidad pública el papel de centro orientador de la investigación científica nacional, conectada con la investigación internacional según las necesidades globales del país; crear y fortalecer universidades estatales y regionales como centros universitarios orientados hacia los problemas y perspectivas del desarrollo regional; responder a las demandas del mercado de trabajo y contribuir a modelar este mercado y la oferta y distribución nacional y regional de saberes, técnicas y profesionales; democratizar todas las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno y reconocer a las y los estudiantes como los sujetos del proceso educativo y a las y los académicos, como los ejes culturales y organizadores de ese proceso.
PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
7. SEGURIDAD PÚBLICA.- Proponemos: Trabajar desde los gobiernos, el Congreso de la Unión y las congresos locales, junto con los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas para recuperar la conducción política de la seguridad; Defender el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades públicas amenazadas por la estrategia militarizante a de la derecha autoritaria; Atacar la estructura y la capacidad de fuego y financiera de narco-negocio con políticas y propuestas legislativas; particularmente, es indispensable castigar de manera ejemplar y eficiente el lavado de dinero y las operaciones financieras, comerciales y empresariales con recursos de procedencia ilícita; Construir una cultura ciudadana que censure socialmente la ilegalidad y el delito; Construir comunidades seguras, estableciendo prioridades presupuestarias en políticas sociales para el campo,
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para el empleo, para la educación, así como para las acciones de seguridad pública, entendiendo que sólo con una concepción integral se puede combatir a la criminalidad; Aumentar el presupuesto en materia de seguridad, priorizando áreas relativas a la capacitación y formación de nuevas generaciones de policías, la prevención social del delito y la participación ciudadana y el fortalecimiento de los recursos destinados a los municipios; e impulsar la reforma de las instituciones policiales, su depuración y profesionalización.
Asimismo, es fundamental rechazar el populismo punitivo y represivo tanto en las políticas públicas como legislativas, que propone incrementar penas, la cadena perpetua o prisión vitalicia y la pena de muerte como salidas demagógicas a la desesperación social. Promovemos también: La creación del Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito; Fomentar la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles; Proveer mecanismos de acceso a la justicia, a través de agilizar las reformas del sistema penal; transformar el ministerio público en un órgano autónomo que cuente con el servicio civil de carrera; Hacer valer directamente ante el juez competente, los derechos de la víctima eliminando la discrecionalidad del ministerio público, la corrupción en el procedimiento administrativo y la pérdida de tiempo; garantizar la reparación del daño a las víctimas del delito o de la incorrecta acción de la justicia; unificar las leyes locales para que cualquier delito merezca la misma sanción en todo el país, sobre todo en lo concerniente a los delitos de secuestro y robo de vehículos; Fortalecer los mecanismos para garantizar el derecho de toda persona a contar con la asistencia necesaria, oportuna y eficaz para tener acceso a la justicia; Mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a víctimas de la violencia familiar, en particular a la mujer maltratada, y proporcionar los recursos que permitan la instalación de albergues temporales para la asistencia a las víctimas, en los que se proporcione asesoría especializada en los aspectos jurídico, psicológico y familiar; Someter a todas las autoridades judiciales a la transparencia y a la rendición de cuentas y establecer mecanismos efectivos de combate a la corrupción y a la impunidad
8. AUSTERIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.- Para establecer las condiciones que nos permitan construir un gobierno menos costoso para las y los ciudadanos, así como más eficiente y transparente, estimamos urgente realizar cambios en el corto y en el mediano plazo, en el marco de un proceso de un nuevo diseño de la estructura administrativa. Entre
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otras medidas, proponemos: Reducir el costo del gobierno mediante la disminución de los sueldos de los altos funcionarios, la eliminación del gasto improductivo y establecer el principio de austeridad como criterio rector del servicio público; Dar plena transparencia al manejo y aplicación de los recursos públicos. Erradicar el carácter «electorero» y clientelar de las políticas sociales y de combate a la pobreza; Revisar la legislación penal para que efectivamente se castiguen el tráfico de influencias y el conflicto de intereses; Establecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento de contralorías ciudadanas; Revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para redefinir los criterios relativos a la información reservada y la confidencial; y garantizar la licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas.
PROPUESTAS ECONÓMICAS
9. .DESARROLLO ECONÓMICO PLURAL E INCLUYENTE- La izquierda mexicana del siglo XXI tiene el firme compromiso de representar a todas las clases que integran la sociedad mexicana. Por convicción e identidad promueve, en primer término, políticas públicas en beneficio los sectores históricamente excluidos y desprotegidos. Simultáneamente, reafirma su vocación democrática al defender los legítimos derechos de las clases medias, profesionistas, comerciantes, agricultores, ganaderos, artesanos, educadores, investigadores, científicos, artistas, comunicadores, trabajadores de la cultura y al empresariado comprometido con el desarrollo del país, que, al igual que el resto de la población, exigen democracia, respeto a la legalidad, combate a la corrupción y la impunidad, seguridad jurídica que proteja a sus personas y patrimonio, mejores condiciones de vida, crecimiento económico y la generación de empleos.
No pretendemos que el Estado sea el dueño y regente de la totalidad de los medios de producción, debemos decirlo con claridad, no queremos una economía estatista que obstruya la libertad y la iniciativa individual o social, pero tampoco queremos una economía monopólica controlada por una minoría oligárquica que, como ahora, están asfixiando a la nación.
10. REACTIVACIÓN ECONÓMICA.- Las políticas públicas de reactivación económica son la columna vertebral para el combate a la crisis económica que afecta a numerosas empresas
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y amplios sectores de la población.. Es necesario crear las condiciones para la recuperación económica: esto exige desplegar una activa política de inversión pública en infraestructura, desarrollo industrial y agropecuario y constituir un sistema financiero capaz de proporcionar eficiente y transparentemente los servicios que requiere el aparato productivo. Se necesita además una estrategia de desarrollo científico-tecnológico y educativo.
La reestructuración productiva depende de un marco institucional de regulación que elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en el manejo de las finanzas públicas. La base de una reforma integral de las finanzas públicas es la ampliación de las facultades del Gobierno Federal, las entidades federativas, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales para recaudar de forma equitativa y asignar y fiscalizar los recursos públicos, en consonancia con los requerimientos de infraestructura, con el fin de incrementar la producción y productividad agropecuaria, industrial y de servicios que sustente la expansión del empleo y del ingreso.
11. POLÍTICA INDUSTRIAL.- El puntal para el crecimiento sostenido de la productividad es la industrialización y el cambio tecnológico, que respeten el medio ambiente, el equilibrio regional y los derechos humanos. La política industrial que impulsamos tiene como objetivo resolver los problemas de la economía mexicana que las fuerzas del mercado no pueden corregir. Se requiere modernizar el aparato productivo para disminuir su dependencia de las importaciones, dinamizar el mercado interno, corregir desequilibrios regionales y alcanzar una inserción favorable de México en el mercado mundial. Un requisito para lograr este objetivo es establecer un marco institucional entre gobiernos, empresas y sector social que tenga como propósito identificar las ventajas comparativas y competitivas para promover el proceso de industrialización, sus requerimientos de infraestructura, de educación técnica y capacitación, de investigación y desarrollo tecnológico, financiero y de comercialización. Los ejes articuladores y las condiciones de la política industrial son: a) Reconstrucción de las cadenas productivas, del sector público y de la empresa privada para articular la estructura industrial, disminuir la dependencia de insumos importados e impulsar a la mediana y pequeña empresas que, en condiciones de equilibrio, han mostrado tener una gran capacidad para ajustarse a los mercados nacionales e internacionales y, con ello, dar lugar a un crecimiento sostenido con generación de empleo; b) Fortalecimiento del sector estatal estratégico, en especial de energéticos, petroquímica, banca de desarrollo e infraestructura,
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con el propósito de preservar la soberanía nacional, aumentar el crecimiento y apoyar las empresas nacionales y, d) impulso de ramas industriales prioritarias productoras de tecnología, maquinaria e insumos , dando un énfasis especial a los productos, procesos y tecnologías propias tendientes a reducir el consumo de energéticos y de agua.
12. FINANZAS PÚBLICAS.- Proponemos adoptar una política de ingreso y gasto del gobierno que preserve el carácter público de servicios sociales, educativos, de salud y de empresas estratégicas propiedad de la nación; que promueva el crecimiento económico, la generación de empleos y la realización de obras de infraestructura estimulando la inversión privada gracias al efecto multiplicador del gasto gubernamental. El aumento del gasto debe financiarse bajo el principio de sustentabilidad fiscal dinámica que haga compatible el crecimiento con la estabilidad de precios, buscando por la vía de una reforma hacendaria equitativa, gradual y progresiva, incrementar la recaudación; y, en caso necesario, instrumentar un manejo responsable y moderado del déficit presupuestal exclusivamente con objetivo de reactivar la economía.
13. POLÍTICA FISCAL.- La política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía, por lo que el gobierno federal y los de las entidades federativas y los municipios deben ejercer plenamente sus responsabilidades económicas fundamentales, consistentes en desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas, culturales y de salud, las cuales constituyen el núcleo para el incremento sostenido de la productividad. Para lograr lo anterior, se prepondrán diversas reformas, como:: a) eliminación de los regímenes simplificado y de consolidación que se aplica a grandes empresas; b) fortalecer la capacidad redistributiva del impuesto sobre la renta por medio de una diferenciación mayor de las tarifas según los niveles de ingreso; c) ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen fiscal de sectores informales de la economía; e) Combate a la evasión y elusión fiscal; y f) redistribución de los impuestos federales mediante una nueva Ley de Coordinación Fiscal que incremente las participaciones a estados y municipios.
14. POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA.- Nuestra estrategia económica incluye la política monetaria y financiera como medio, no como fin. Para llevar a cabo esta estrategia, es
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necesario recuperar la política monetaria como instrumento del crecimiento. Esto implica garantizar la soberanía monetaria y revisar el papel del Banco de México en la conducción de la política económica. La soberanía monetaria requiere la regulación de los flujos de capital y el tipo de cambio. Sin vulnerar los principios de estabilidad, las reservas monetarias internacionales deben ser utilizadas prioritariamente para el beneficio de la sociedad en lugar de servir para apoyar a grupos monopólicos y a las economías de los países en que se encuentran resguardadas dichas reservas.
15. SUSTENTABILIDAD.- Para lograr un desarrollo sustentable e incluyente que respete el medio ambiente, proponemos lo siguiente: a) fomentar pequeñas y medianas industrias no contaminantes y generadoras de empleo, dando un especial énfasis a aquellas que generen tecnologías, productos o servicios tendientes a reducir el consumo de recursos naturales y energéticos; b) impulsar una legislación especial que regule el monitoreo, manejo, , reciclaje y disposición final de sustancias y residuos peligrosos generados por la industria, así como fomentar la reducción en la producción de éstos y prohibir su importación al territorio nacional; c) impulsar la producción y el uso de medios de transporte no contaminantes, eficiente y baratos; d) impulsar tecnologías de reciclaje de desechos sólidos y combatir la cultura del desperdicio; e) promover políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) que hagan compatible su conservación y su aprovechamiento sustentable; f) Promover el uso de medios más eficientes para el transporte de las personas en las grandes urbes, con especial énfasis en mejorar la calidad del transporte público y en el fomento del uso de vehículos de cero o muy baja contaminación, como bicicletas y motocicletas; g) incluir en los acuerdos internacionales comerciales y de inversión, para establecer fondos compensatorios para la recuperación ambiental; h) Establecer una relación equitativa entre los países y regiones respecto a la extracción y transformación de las materias primas y el tratamiento de residuos peligrosos, lo que debe incluir mecanismos fiscales; e, i) Con respecto al agua, buscamos: proteger las reservas naturales; diseñar y aplicarán tecnologías en todos los sectores usuarios del recurso; tratar y reciclar las aguas de uso doméstico y municipal; promover el intercambio de agua entre sectores, de forma que se asegure el ahorro del recurso; promover la modernización de los sistemas de riego del país, que representan el 85 por ciento del
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consumo del agua nacional y que es posible reducir, ahorrando por lo menos el 50 por ciento de lo que ahora utilizan; y la creación de una Ley Federal para organismos de planeación y coordinación metropolitana gestores del recurso.
16. DESARROLLO RURAL.- Para sortear la crisis del campo, garantizar el derecho a la alimentación y avanzar hacia un campo digno, se propone: a) un Plan de Emergencia enfocado hacia apoyar ramas productivas de impacto social, productos básicos, estratégicos y regiones para garantizar la seguridad alimentaría y su viabilidad; b) integrar las cadenas productivas para expandir las oportunidades en el campo y retener el valor de la producción; c) revisión con sentido de equidad, de los precios de diversos insumos agrícolas, particularmente de fertilizantes químicos y abonos orgánicos y de energía eléctrica, diesel y gas LP; d) en general mayor inversión hacia el campo, poniendo énfasis en la infraestructura ligada a la producción, f) un esquema puntual de política de subsidios sobre la base de la superficie y la productividad por hectárea; g) rescate de tierras laborales que se encuentran improductivas; h) acceso al crédito por parte de todas y todos los agricultores, estableciendo tasas preferenciales en general y en particular para los pequeños productores de bajos ingresos y disposición oportuna del crédito: h) completar y mejorar el marco jurídico y normativo que rige la vida en el campo i) investigar y sancionar prácticas comerciales especulativas combatiendo eficazmente los monopolios y oligopolios en la distribución, garantizando abasto popular; y j) acudir a los recursos de defensa contra prácticas desleales de comercio y la imposición de salvaguardas; k) insistir en la renegociación del capitulo agropecuario del TLC; l) revisar las reglas de operación de los diferentes programas para garantizar mayor equidad en el trato para los pequeños productores y el centro sur del país; m) investigar y sancionar prácticas comerciales especulativas; ñ) instrumentar un programa intensivo de generación de actividades no agropecuarias para los productores sin viabilidad económica en el sector y ofrecer respaldo preferencial a las regiones con mas alto índice de pobreza; o) modificación constitucional con el objeto de establecer la naturaleza multianual de los presupuestos y la participación de los productores del agro y la definición de proyectos y programas; y p) atención a regiones pobres con sistemas de apoyo financiero.